InicioArtículosEl Derecho a la Vivienda

La educación y la sanidad son derechos indiscutibles en una sociedad moderna como pretende ser la nuestra. Sin embargo, yo añadiría el derecho a disponer de una vivienda, teniendo en cuenta todas las maneras de vivir y relacionarse de la gente de hoy en día, que muchas veces van más lejos del concepto clásico de familia.

Todo el mundo tiene derecho a un lugar para vivir, un lugar adecuado a sus circunstancias y necesidades; pero sobre todo económicamente sostenible. No es de recibo que una persona tenga que hacer el esfuerzo de destinar gran parte de su sueldo, durante años y años, por sufragar su vivienda; y más aún si hablamos de sueldos bajos, ya que eso limitará en gran manera el desarrollo personal y a la larga se plantearán problemas económicos de difícil solución.

El mercado, según dicen los expertos, está saturado de viviendas construidas en tiempo de abundancia, pero que en el momento actual tienen serías dificultado para encontrar comprador. En este sentido me permito hacer dos reflexiones:

1. -La mayor parte de estas viviendas no pueden servir para satisfacer las necesidades de las personas que quieren un lugar para vivir mínimo y con posibilidades económicas limitadas, ya que seguramente no fueron construidos con este sentido. Para acceder a su compra se requieren elevadas hipotecas que necesitarán el aval de familiares próximos si el comprador tiene escasa solvencia.

2. – Su diseño corresponde seguramente a un concepto clásico de la vivienda familiar, es decir, una o varias habitaciones, cocina razonablemente grande, sala de estar, baños, terrazas, etc. Todo eso está bien, pero puede resultar excesivo para aquellas personas no identificadas como la familia clásica. Para estas personas es posible que la funcionalidad pase por tener espacios más pequeños y mucho más polivalentes.

La Administración ha aprobado, en los últimos años, muchas normas para la mejora de la calidad constructiva de las viviendas: Aislamientos térmicos, acústicos, energéticos, etc. Sin embargo, no ha hecho el esfuerzo de entender que las necesidades de muchas personas, por su manera de relacionarse, han cambiado y por lo tanto el espacio para vivir tiene que estar en muchos casos diferente del concepto tradicional de vivienda. Las llamadas «Viviendas de Protección Oficial» intentan ofrecer precios más razonables, pero su construcción es insuficiente y la funcionalidad discutible.

Es necesario buscar y potenciar nuevas ideas: diseño, funcionalidad, materiales, servicios integrados, economía, etc., con el fin de construir «viviendas» que puedan satisfacer las necesidades reales de una sociedad diversa como es la nuestra. La falta de implicación de la Administración y la frivolidad de las Entidades de Financiación de los últimos años han provocado un encarecimiento generalizado y el endeudamiento de muchas personas más allá de los límites del esfuerzo soportable.

Disponer de un espacio digno para vivir y en condiciones económicamente sostenibles es un derecho de nuestra sociedad. La Administración y todos los agentes implicados tienen que espabilarse para que sea así.

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