El objetivo básico y prioritario de la Administración, ya sea en el ámbito local o estatal, debe ser la prestación de sus servicios a la ciudadanía con la máxima eficacia y eficiencia. La eficacia hace referencia a la capacidad de conseguir un objetivo deseado; la eficiencia es la capacidad de conseguir este objetivo con el mínimo de recursos posibles y disponibles. La eficiencia se puede definir también como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados, y en este sentido, la Administración Pública debe cuidar muy bien que los recursos guarden el equilibrio de una fiscalidad justa. Permítanme un ejemplo: Matar a una araña a cañonazos puede ser eficaz, pero en ningún caso es eficiente ya que ello representaría aplicar recursos desproporcionados respecto al objetivo a conseguir.

Una buena Administración tiene la obligación de ser eficaz con la mayor eficiencia, midiendo muy bien los recursos y caudales públicos, sin pedir esfuerzos desproporcionados a los ciudadanos como consecuencia de sus propias incapacidades. La ineficiencia de los gobernantes ha llevado muy a menudo como resultado el despilfarro de los caudales públicos, el dinero de todos, generando fraudes de dimensiones considerables. Desgraciadamente tenemos muchos ejemplos.

Es «vox populi» que la Administración Pública no cumple de forma general con sus obligaciones, es muy lenta, poco receptiva y su estructura es cara de mantener. La creencia de que la Administración es un monstruo irreformable que muchas veces se devora a sí mismo víctima de burocracias obsoletas, difícilmente justificables económicamente; ha hecho perder la confianza de los ciudadanos y es profundamente criticada por su ineficiencia.

La Administración Pública del siglo XXI pide una reforma en profundidad y la capacidad de estar a la altura de los nuevos tiempos, justificando su existencia al prestar servicios a los ciudadanos y no como señala duramente un informe de la OCDE «asegurar un lugar de trabajo estable a los funcionarios”.

La nueva Administración tiene que ser útil, es decir, debe adaptarse a las necesidades y ser receptiva a los ciudadanos y no a la inversa. Debe ser más ágil; de fácil acceso y la burocracia no debe eternizar los problemas ni debe servir sistemáticamente para poner palos a las ruedas a las iniciativas innovadoras. Y, sobre todo, debe ser económicamente sostenible.

Reformar la Administración Pública para hacerla más receptiva y creíble requiere un gran esfuerzo por parte de todos. Los políticos y funcionarios tienen el deber de intentarlo y todos y cada uno de los ciudadanos tenemos el derecho de exigirlo. “Espavila’t”.